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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión de oficio de la licitación pública nacional lanzada por el Ayuntamiento de Azua, correspondiente al proyecto de “Diseño, construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario regional con planta de valorización”, valorado en aproximadamente RD$620 millones.
Según el comunicado del organismo, la medida se tomó tras un monitoreo preventivo que reveló violaciones significativas a la Ley 340-06, su Reglamento 416-23 y a los principios de transparencia, libre competencia y proporcionalidad.
Entre las irregularidades detectadas, la DGCP señaló la falta de estudios técnicos y de viabilidad, documentos esenciales para sustentar la factibilidad económica del proyecto. También se observaron criterios de adjudicación poco claros, ausencia de tablas de ponderación, una duración contractual de 20 años sin base legal, y modificaciones fuera del plazo establecido, elementos que comprometen la validez y trazabilidad del procedimiento.
Ante estos hallazgos, el órgano rector dispuso la suspensión inmediata del proceso en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), además de notificar formalmente al cabildo azuano y publicar la medida en los portales oficiales de la DGCP y del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), con el propósito de proteger la legalidad y el uso correcto de los fondos públicos.
Sobre el monitoreo preventivo
La DGCP explicó que este mecanismo tiene como finalidad evaluar los procesos de contratación antes de su adjudicación, verificando su conformidad con la normativa vigente. El objetivo es prevenir irregularidades, garantizar igualdad de condiciones y reforzar la transparencia administrativa.
El artículo 108 del Reglamento 416-23 faculta a la DGCP a suspender de oficio cualquier proceso cuando la entidad responsable no corrige las observaciones señaladas durante el monitoreo.
Finalmente, la institución reiteró que el monitoreo preventivo es una herramienta clave para fortalecer la gestión pública y la rendición de cuentas, asegurando que las compras y contrataciones del Estado se realicen conforme a la ley y en beneficio del interés general.
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