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El derecho de autodeterminación de los pueblos es un pilar esencial del derecho internacional moderno, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas: cada Estado tiene derecho a decidir su sistema político, económico y social sin injerencias externas. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días en Venezuela ponen en evidencia una violación sin precedentes de este principio, protagonizada por una potencia hegemónica con recursos militares y pretensiones estratégicas globales.
Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar directa en territorio venezolano, denominada Operación Resolución Absoluta, que incluyó bombardeos selectivos en Caracas y otras zonas del país. En ese contexto, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York, donde ahora enfrentan cargos federales por narcotráfico y conspiración relacionados con acusaciones que datan de 2020.
El presidente estadounidense afirmó que su país «gobernará» Venezuela temporalmente para asegurar una transición, reivindicando la operación como combate al narcotráfico y rescate de la industria petrolera venezolana.
Este salto de la presión diplomática y sancionatoria al empleo de fuerza militar y arresto de un jefe de Estado extranjero dentro de su territorio representa una ruptura dramática con las normas internacionales de no intervención y soberanía estatal. El Artículo 2 de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado sin autorización del Consejo de Seguridad o en legítima defensa, criterios que no se cumplen de forma clara en este caso.
La respuesta internacional ha sido inmediata: varios gobiernos de América Latina y Europa han condenado la acción por violar la legalidad internacional y han llamado al respeto de la soberanía venezolana. España, por ejemplo, calificó la intervención como una violación grave del derecho internacional.
Desde la perspectiva normativa, estas acciones ilustran cómo la lógica del poder puede desbordar los marcos jurídicos que, en teoría, rigen las relaciones entre Estados. El uso de sanciones unilaterales y bloqueos navales ya había erosionado la autodeterminación venezolana en los últimos años; ahora, la intervención militar marca un nuevo umbral —el uso de la fuerza — que recuerda las peores prácticas de una era de intervenciones unilaterales sin respaldo multilateral.
Más allá de debates jurídicos técnicos, lo ocurrido plantea preguntas profundas: ¿puede un Estado con superioridad militar justificar la incursión en otro bajo el pretexto de persecución criminal? ¿Qué precedentes sienta esto para regímenes futuros, independientemente de su ideología? América Latina, cuya historia está marcada por intervenciones externas, debería observar con alarma este deterioro de la soberanía como principio inviolable.
Criticar al régimen de Maduro por sus fallas políticas o violaciones de derechos humanos no debería convertirse en excusa para aceptar la erosión del derecho internacional. La autodeterminación no se negocia porque incomode. La estabilidad regional y la confianza en un orden global basado en normas, no en hegemonías, dependen de ello.
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