¿Prisión preventiva o no? Lo que establece la ley en el Caso SENASA

La República Dominicana atraviesa uno de los momentos de mayor indignación social de los últimos años a raíz del caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa). El expediente ha provocado un nivel de enojo colectivo sin precedentes, superando la reacción generada por otros procesos judiciales conocidos en el país, y ha calado profundamente en la opinión pública.

El malestar ciudadano se ha expresado de múltiples formas: en redes sociales, en los medios de comunicación y también en las calles, como ocurrió con la protesta realizada en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, horas antes de que se conocieran las medidas de coerción contra los imputados. Para amplios sectores de la población, el caso Senasa representa una traición directa a un sistema que debía proteger la salud de los más vulnerables.

La presión social para que se haga justicia ha ido en aumento. Sin embargo, esta presión no obliga a los tribunales a imponer sanciones que excedan lo establecido por el Código Procesal Penal. De hecho, el propio Ministerio Público, al presentar la solicitud de medidas de coerción, se ciñó estrictamente a las opciones que contempla la ley.

Tras evaluar las pruebas aportadas, el tribunal puede disponer, según corresponda, medidas como prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica ante un juez, impedimento de salida del país, garantía económica mediante fianza o el uso de localizadores electrónicos. Cualquiera de estas decisiones, si se ajusta a los criterios legales, es válida dentro del marco normativo vigente.

Cabe destacar que fue el propio gobierno quien remitió el caso a la justicia, permitiendo que funcionarios y servidores públicos implicados enfrenten el proceso judicial junto a otros involucrados, en un intento de enviar un mensaje de sometimiento a la ley.

¿Qué son las medidas de coerción y para qué sirven?

Las medidas de coerción tienen como finalidad asegurar que los imputados permanezcan vinculados al proceso judicial, evitando que obstaculicen la investigación y garantizando la protección de las víctimas, los testigos y la sociedad en general.

Para que un juez imponga una medida de este tipo, deben existir pruebas suficientes que vinculen al imputado con el hecho, indicios reales de peligro de fuga y que el delito imputado conlleve una posible pena de prisión. En la evaluación del riesgo de fuga se toman en cuenta factores como el arraigo familiar, laboral y domiciliario, la identidad del imputado, la posibilidad de salir del país, la gravedad del daño causado y los antecedentes penales.

En el caso específico de la prisión preventiva, el juez debe estar convencido de que las demás medidas resultan insuficientes para garantizar el buen desarrollo del proceso. En todos los casos, la coerción debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y a la eventual pena que pudiera imponerse en una sentencia condenatoria.