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Santo Domingo. El caso de presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entró en una etapa decisiva esta semana, cuando el Poder Ejecutivo remitió a la Procuraduría General de la República un informe con hallazgos que, según denuncias periodísticas y oficiales, comprometen a exfuncionarios y proveedores de servicios de salud.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ya solicitó formalmente a la periodista Nuria Piera todas las emisiones de su programa “N Investiga” vinculadas al tema, lo que confirma que el Ministerio Público prepara un expediente de mayor alcance. El propio presidente Luis Abinader reiteró que será la justicia la que decida, advirtiendo que cualquier persona que haya sustraído fondos públicos, “especialmente de la salud”, deberá enfrentar consecuencias.
Las denuncias apuntan a una presunta red que habría cometido estafa agravada, falsedad documental, manipulación de registros electrónicos, prevaricación y hasta lavado de activos en perjuicio de la institución. Entre los señalados figuran exempleados del seguro estatal y médicos contratados como prestadores de servicios, quienes ahora también serán objeto de indagatorias por parte de las autoridades regionales de Salud.
Este escándalo ya había provocado la destitución de Santiago Hazim como director de SeNaSa, reemplazado por Edward Guzmán en agosto, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la gestión. En paralelo, auditorías de la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) buscan precisar el tamaño del presunto desfalco y las responsabilidades administrativas.
El tema no solo tiene implicaciones penales. Los informes preliminares han señalado un déficit de más de cinco mil millones de pesos en los estados financieros de SeNaSa. La Dirección General de Contrataciones Públicas, en un intento por poner orden en la discusión, aclaró que los contratos con prestadores de servicios no se rigen por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, sino por la Ley 87-01 de Seguridad Social, lo que modifica el marco legal de referencia en el caso.
En el plano político, la oposición ha aprovechado el terreno. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió profundizar las pesquisas y advirtió sobre posibles subsidios cruzados en el régimen contributivo, mientras que el expresidente Leonel Fernández aseguró que la investigación “da la razón” a la Fuerza del Pueblo, que había denunciado anomalías meses atrás. Sectores de la sociedad civil también han respaldado el envío del informe a la Procuraduría, insistiendo en que el proceso pondrá a prueba el compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción.
Desde que el Ejecutivo ordenó abrir la investigación en noviembre pasado, el caso no ha dejado de crecer en repercusión pública. Hoy, con el expediente ya en manos del Ministerio Público y la Pepca recabando pruebas, la expectativa se centra en la lista de posibles imputados, en los resultados definitivos de las auditorías y en el impacto que todo esto pueda tener en la red de servicios de salud, donde cualquier sanción a médicos o proveedores afectaría directamente a los afiliados.
El expediente SeNaSa, que combina acusaciones de fraude, déficit millonarios y tensiones políticas, se perfila como uno de los procesos judiciales más importantes de los próximos meses en el país
Entre líneas de código, matrices de riesgo y trazos de diseño, también habita un inconforme. Ingeniero en Sistemas y Computación, Analista de Riesgo de Crédito Corporativo, diseñador gráfico y crítico social. No me basta con entender el sistema: mi propósito es cuestionarlo, retarlo y transformarlo. Y si en el trayecto puedo ayudar a alguien más, entonces vale aún más la pena.
“Aquel que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo.”
