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Gonzalo Castillo sale afectado del tribunal y enciende reacciones en caso Calamar

Santo Domingo.– El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, fue captado este viernes presentando aparentes dificultades para desplazarse al salir de la audiencia preliminar del denominado caso Calamar, uno de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en el país.

Las imágenes del exfuncionario, en las que se le observa con movilidad limitada al abandonar el tribunal, generaron reacciones en redes sociales y entre seguidores del proceso, que continúa desarrollándose en el Distrito Nacional.

El caso Calamar, según el Ministerio Público, involucra un esquema de pagos irregulares y maniobras financieras destinadas al desvío de fondos públicos, con la participación de varios imputados. Las autoridades han calificado este expediente como uno de los más complejos en materia de corrupción administrativa en la República Dominicana.

Tras su arresto en 2023, Castillo fue sometido a medidas de coerción que incluyeron arresto domiciliario, posteriormente levantado, quedando en libertad bajo fianza e impedimento de salida del país mientras avanza el proceso.

Etapa del proceso

Actualmente, el caso se encuentra en fase de audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal debe determinar si existen elementos suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo.

Este proceso ha estado marcado por constantes debates entre el Ministerio Público y las defensas, especialmente en torno a la validez de las pruebas y la legalidad de las actuaciones.

La reciente aparición de Castillo en condiciones físicas que han llamado la atención añade un nuevo elemento al seguimiento público del caso, aunque hasta el momento no se han ofrecido informaciones oficiales sobre su estado de salud.

Origen del caso

El caso Calamar salió a la luz en marzo de 2023, cuando el Ministerio Público arrestó a varios exfuncionarios, incluyendo a Gonzalo Castillo, acusados de formar parte de una presunta red de corrupción que habría ocasionado un perjuicio al Estado superior a los 19 mil millones de pesos.

El proceso continúa su curso en los tribunales, en medio de una alta expectativa pública sobre las decisiones que marcarán el futuro judicial de los implicados.

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