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Santo Domingo, RD.– La entrada en escena del nuevo Código Penal dominicano ha colocado sobre la mesa una preocupación que trasciende el endurecimiento y la incorporación de nuevas figuras delictivas: ¿cuenta el país con una estructura suficientemente organizada para garantizar la calidad y confiabilidad de los peritajes que servirán de apoyo a los procesos judiciales?
Un análisis sobre las implicaciones de la nueva legislación advierte que, aunque los peritos desempeñan un papel determinante en las investigaciones y en la valoración de las pruebas, República Dominicana todavía carece de un órgano rector especializado encargado de acreditar, juramentar y regular a criminólogos, criminalistas y peritos forenses.
El planteamiento reconoce el papel que actualmente desempeña el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), pero considera que su alcance resulta limitado frente a las nuevas exigencias. Entre las principales debilidades señaladas figuran la inexistencia de un registro oficial de profesionales acreditados y la falta de protocolos uniformes para su certificación y juramentación.
La preocupación va más allá de acreditar peritos
El documento también pone énfasis en la necesidad de fortalecer la preparación científica de estos profesionales ante fenómenos como la delincuencia organizada y los delitos transnacionales. Plantea que los peritajes deben realizarse mediante metodologías actualizadas y protocolos estandarizados que permitan que sus resultados tengan credibilidad tanto dentro como fuera del país.
La discusión se extiende además al ámbito penitenciario. El análisis sostiene que un sistema penal más riguroso debería complementarse con herramientas de psicología criminal y penitenciaria, programas de rehabilitación, atención a la salud mental y políticas de reinserción que permitan reducir la reincidencia, en lugar de limitar la respuesta del Estado exclusivamente al castigo.
En ese contexto, se plantea la necesidad de acompañar el nuevo Código Penal con leyes, reglamentos y protocolos complementarios que definan quiénes pueden ejercer como peritos, bajo cuáles estándares y qué institución tendrá la responsabilidad de supervisarlos. De lo contrario, advierte el análisis, podrían mantenerse vacíos que dificulten la aplicación efectiva de la nueva normativa penal.
Carlos De León
Especialista en Psicología Educativa y Neuroeducación, con sólida formación en Teología, Criminología y Criminalística. Cuenta con una Maestría en Psicología Criminal y Psicología Penitenciaria. Su trayectoria combina el análisis del comportamiento humano con una profunda vocación por la cultura, el derecho y las relaciones humanas basadas en el respeto y la empatía.
