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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha publicado su informe mensual de precios correspondiente a mayo de 2025, en el que destaca que la inflación interanual del país se sitúa entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina. Sin embargo, una lectura crítica del contenido revela que, si bien el entorno macroeconómico presenta signos de estabilidad nominal, persisten elementos estructurales que demandan una reflexión más profunda sobre los efectos reales de la política económica sobre los distintos grupos sociales.
La estabilidad nominal como narrativa dominante
Con una inflación subyacente interanual de 4.22 %, el informe celebra que esta se mantiene dentro del rango meta del BCRD. Esta métrica excluye componentes volátiles como los alimentos y combustibles, y por tanto suele leerse como una señal de éxito de la política monetaria. No obstante, es importante subrayar que una inflación subyacente controlada no garantiza una mejora en el bienestar real de los hogares, especialmente si los salarios reales permanecen estancados o si los sectores más vulnerables enfrentan incrementos en bienes esenciales.
La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de apenas 0.08 %, pero el desglose por grupos revela una inflación que castiga selectivamente a ciertos sectores. Las caídas en los precios de alimentos (-0.16 %) y servicios recreativos (-1.25 %) fueron compensadas por aumentos significativos en salud (0.54 %), educación (0.58 %), y restaurantes y hoteles (0.44 %), lo que sugiere una estructura inflacionaria de carácter regresivo.
Inflación y desigualdad: una relación elusiva pero persistente
La inflación, aunque baja en promedio, afecta de forma desigual a los distintos quintiles de ingreso. Los estratos de menores ingresos (quintiles 1 al 3) registraron tasas de inflación superiores (0.15 %, 0.14 % y 0.12 %, respectivamente), mientras que los quintiles de mayores ingresos (4 y 5) presentaron tasas significativamente más bajas (0.03 % y 0.08 %).
Este fenómeno se explica por la composición del consumo: los hogares de bajos ingresos destinan una mayor proporción de su gasto a bienes y servicios que han experimentado alzas, como el transporte, la salud y los alimentos preparados fuera del hogar. En contraste, los grupos de mayores ingresos se han beneficiado de la reducción en los precios de automóviles y paquetes turísticos, rubros que difícilmente forman parte del consumo regular de los sectores populares.
Esta situación evidencia que la inflación en República Dominicana, pese a su baja magnitud, posee un carácter regresivo, en tanto afecta con mayor intensidad a quienes menos capacidad tienen para adaptar su consumo o absorber shocks de precios. De allí la necesidad de un enfoque de política económica que reconozca la heterogeneidad del impacto inflacionario.
Dimensiones geográficas y transables: otra expresión de la fragmentación
Otro aspecto relevante del informe es la desagregación regional del IPC. La región Este experimentó la variación más pronunciada (0.27 %), impulsada por aumentos en los servicios de transporte y alimentos preparados. En contraste, las regiones Ozama, Norte y Sur presentaron variaciones más contenidas.
Además, la distinción entre bienes transables (aquellos comerciados internacionalmente) y no transables (de consumo doméstico) ofrece otra clave interpretativa. Mientras que los transables registraron una reducción de precios (-0.16 %), los no transables aumentaron en 0.33 %. Esto sugiere que las presiones inflacionarias internas están ligadas a dinámicas estructurales —como la baja productividad de servicios, la escasa competencia en ciertos mercados regulados o la informalidad— más que a shocks externos.
¿Estabilidad a qué costo?
El BCRD puede, con razón, exhibir una inflación controlada como evidencia de eficacia monetaria. Sin embargo, sería ingenuo suponer que la estabilidad de los precios basta para garantizar un entorno económico justo o inclusivo. La política monetaria, al centrarse en anclas nominales, tiende a minimizar los conflictos distributivos que surgen en los márgenes: la calidad del empleo, el acceso a servicios públicos, el costo de vida urbano o la vulnerabilidad de los hogares a las alzas sectoriales.
El sesgo técnico de los informes macroeconómicos, en su aspiración de neutralidad, corre el riesgo de invisibilizar las tensiones reales del tejido social. La inflación puede estar “baja”, pero si la salud y la educación son más caras, si el transporte consume más del ingreso familiar, o si los precios caen solo para quienes acceden al turismo o al crédito vehicular, entonces la macroeconomía ha dejado de hablar el lenguaje de los ciudadanos comunes.
Conclusión: más allá del IPC, una mirada integral
La estabilidad de precios es necesaria, pero no suficiente. El desafío para la política económica dominicana radica en avanzar hacia una estrategia que no solo controle la inflación, sino que también redistribuya el crecimiento, reduzca la vulnerabilidad social y garantice el acceso equitativo a bienes esenciales.
Urge articular el análisis de precios con indicadores de pobreza, consumo real y movilidad social. Solo así será posible transitar de una narrativa de “estabilidad” a una de justicia económica, en la que la inflación deje de ser una cifra técnica y se convierta en una herramienta de diagnóstico ético y político.
Economista y apasionado de los datos, porque sé que ellos narran lo que es, no lo que quisiéramos que fuera. En cada cifra descubro los patrones silenciosos de nuestra sociedad: cómo nos movemos, cómo nos agrupamos, cómo cambiamos. Trabajo leyendo esas huellas que dejamos sin darnos cuenta.
Soy un curioso incansable, siempre atento a la gran película que proyectan los datos sobre quiénes somos. Cada base de datos es una escena, cada tendencia un giro, cada hallazgo una manera distinta de mirar nuestra realidad en movimiento.
